Liébano Sáenz
Históricamente ha existido, en mayor o menor medida, un desencuentro entre la evaluación que el gobierno hace de su propio desempeño y la percepción pública. Los medios de información, por su propia naturaleza, no pueden reproducir todo lo que ocurre. El interés noticioso determina qué se cubre, cómo se jerarquiza y cómo se interpretan los acontecimientos de relevancia mediática.
Los gobiernos recurren a estudios de opinión para diferenciar entre la opinión pública —la percepción— y la opinión publicada, es decir, la de los medios. Hoy esta última es mucho más diversa por el protagonismo del ecosistema informativo digital y el impacto de las redes sociales.
Por ello, uno de los desafíos del buen gobierno es procesar la información con objetividad y sentido de interés público.
La información institucional es indispensable para ejercer el poder; el problema surge cuando se convierte en propaganda y termina sustituyendo la realidad en la toma de decisiones, ampliando el margen de error institucional.
En tiempos electorales, las cifras oficiales sobre incidencia delictiva solían ser más negativas que los estudios sobre percepción de inseguridad. Hoy el escenario parece invertido. El gobierno presenta cifras que apuntan a logros relevantes, especialmente en homicidios y extorsión, pero la percepción social es más negativa.
Las autoridades atribuyen esta brecha a una cobertura mediática desfavorable, e incluso llaman a los medios a conducirse con mayor equilibrio y veracidad. En el otro extremo, hay quienes sostienen que la percepción desmiente el triunfalismo de las cifras oficiales.
Desde una visión pragmática, se afirma que la percepción es realidad y que las autoridades deben actuar en dos frentes: el de los resultados y el de la percepción. Sin embargo, es inevitable que los medios concedan atención privilegiada a los acontecimientos de mayor interés y que, como consecuencia, persista el desencuentro entre autoridades y la prensa.
Lo que está en juego es, fundamentalmente, la confianza. La mejor manera de alcanzarla no es exigirla o decretarla, sino construirla a partir de la transparencia, la objetividad y, especialmente, el respeto invariable por la verdad. De otra manera se estará condenado a vivir en la propaganda.
Históricamente ha existido, en mayor o menor medida, un desencuentro entre la evaluación que el gobierno hace de su propio desempeño y la percepción pública. Los medios de información, por su propia naturaleza, no pueden reproducir todo lo que ocurre. El interés noticioso determina qué se cubre, cómo se jerarquiza y cómo se interpretan los acontecimientos de relevancia mediática.
Los gobiernos recurren a estudios de opinión para diferenciar entre la opinión pública —la percepción— y la opinión publicada, es decir, la de los medios. Hoy esta última es mucho más diversa por el protagonismo del ecosistema informativo digital y el impacto de las redes sociales.
Por ello, uno de los desafíos del buen gobierno es procesar la información con objetividad y sentido de interés público.
La información institucional es indispensable para ejercer el poder; el problema surge cuando se convierte en propaganda y termina sustituyendo la realidad en la toma de decisiones, ampliando el margen de error institucional.
En tiempos electorales, las cifras oficiales sobre incidencia delictiva solían ser más negativas que los estudios sobre percepción de inseguridad. Hoy el escenario parece invertido. El gobierno presenta cifras que apuntan a logros relevantes, especialmente en homicidios y extorsión, pero la percepción social es más negativa.
Las autoridades atribuyen esta brecha a una cobertura mediática desfavorable, e incluso llaman a los medios a conducirse con mayor equilibrio y veracidad. En el otro extremo, hay quienes sostienen que la percepción desmiente el triunfalismo de las cifras oficiales.
Desde una visión pragmática, se afirma que la percepción es realidad y que las autoridades deben actuar en dos frentes: el de los resultados y el de la percepción. Sin embargo, es inevitable que los medios concedan atención privilegiada a los acontecimientos de mayor interés y que, como consecuencia, persista el desencuentro entre autoridades y la prensa.
Lo que está en juego es, fundamentalmente, la confianza. La mejor manera de alcanzarla no es exigirla o decretarla, sino construirla a partir de la transparencia, la objetividad y, especialmente, el respeto invariable por la verdad. De otra manera se estará condenado a vivir en la propaganda.
